ACLU y HRW piden despenalizar el uso y la tenencia personal de drogas ilícitas

La aplicación masiva de leyes que penalizan el consumo y la tenencia personal de drogas en Estados Unidos genera perjuicios devastadores, señalaron Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) en un informe conjunto. Estas medidas de aplicación de la ley han tenido trágicas consecuencias para la vida de individuos y sus familias, han discriminado en contra de personas de color y han socavado la salud pública. El gobierno federal y los gobiernos estatales deberían despenalizar el uso y la tenencia personal de drogas ilícitas.

El informe de 196 páginas, “Cada 25 segundos: el costo humano de la criminalización del consumo de drogas en Estados Unidos” [Every 25 Seconds: The Human Toll of Criminalizing Drug Use in the United States], concluye que la aplicación de leyes sobre tenencia de drogas provoca perjuicios múltiples e injustificados a personas y comunidades de todo el país. Las consecuencias a largo plazo pueden separar a familias; excluir a personas de oportunidades laborales, de asistencia social, vivienda pública y la posibilidad de votar; y exponerlas a discriminación y estigma de por vida. Aunque la tenencia simple de drogas es la principal causa de detención de personas en EE. UU., los debates principales sobre reforma de justicia penal casi nunca cuestionan si el consumo de drogas debería estar tipificado en primer lugar.

“Cada 25 segundos, alguien es arrojado al sistema de justicia penal, acusado exclusivamente de tenencia de drogas para uso personal”, señaló Tess Borden, becaria de investigación Aryeh Neier en Human Rights Watch y ACLU, y autora del informe. “Estas detenciones a gran escala han destruido innumerables vidas, y no han contribuido en absoluto a ayudar a personas que intentan superar la dependencia”.

Las organizaciones entrevistaron a 149 personas procesadas penalmente por consumo de drogas en Louisiana, Texas, Florida y Nueva York —de las cuales 64 se encontraban bajo custodia— y a otros 217 individuos, incluidos familiares de los procesados, funcionarios gubernamentales actuales y de gestiones anteriores, abogados defensores, proveedores de servicios y activistas. Las organizaciones también llevaron a cabo un nuevo análisis profundo de datos obtenidos de Texas, Florida, Nueva York y el FBI.