Colombia: Un acuerdo que sacrifica la justicia

JM-VivancoEl acuerdo alcanzado el 23 de septiembre de 2015 por el gobierno colombiano y las FARC negaría la posibilidad de justicia a miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, al permitir que los responsables no reciban un castigo genuino, señaló hoy Human Rights Watch. Si bien la “Jurisdicción Especial para la Paz” ofrecería incentivos importantes para que los criminales confiesen sus delitos, esta también posibilitaría que los responsables de atrocidades masivas queden exentos de cumplir penas de prisión, expresó Human Rights Watch.

El acuerdo anunciado por el Presidente Juan Manuel Santos y líderes de las FARC prevé que un nuevo Tribunal para la Paz tendría competencia para juzgar a los responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto armado. Las personas implicadas en delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen sus delitos recibirían una pena de entre cinco y ocho años en “condiciones especiales” que supondrían la “restricción efectiva de la libertad”, pero no cumplirían penas de prisión.

“Apoyamos plenamente los esfuerzos de Colombia por alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a años de hechos sangrientos, incluso mediante mecanismos innovadores para incentivar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, aunque la jurisdicción especial contribuiría a que haya confesiones, también permitiría que los máximos responsables de atrocidades masivas eludan completamente la prisión, y de ese modo se privaría a las víctimas de cualquier medida de justicia que mínimamente respete el  sentido de ese valor universal”.

Desde su origen a mediados de la década de 1960, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la guerrilla más numerosa del país, han sido responsables de atrocidades sistemáticas contra civiles. Las guerrillas han secuestrado y asesinado a civiles, tomado rehenes, perpetrado desapariciones, reclutado a niños soldados, llevado a cabo juicios sumarios y arbitrarios, desplazado forzadamente a civiles y propinado un trato cruel e inhumano a combatientes capturados.

El nuevo Tribunal para la Paz también tendría competencia respecto de abusos cometidos por agentes del estado colombiano, incluidos aquellos miembros de brigadas del Ejército que participaron en ejecuciones extrajudiciales sistemáticas de nada menos que 3.000 civiles en distintas regiones de Colombia, entre 2002 y 2008. Soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo. Luego los soldados las asesinaban a sangre fría, colocaban armas junto a los cuerpos e informaban que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.

El gobierno anunció que los agentes del estado colombiano podrían participar en la Jurisdicción Especial en condiciones “diferenciad[as]” pero “equitativ[as]” a las aplicables a las guerrillas.

Colombia tiene la obligación jurídica conforme al derecho internacional de prever penas para violaciones de derechos humanos que guarden proporción con la gravedad de los crímenes. Por ejemplo, la Convención de la ONU contra la Tortura establece que los delitos contemplados en la Convención deben ser “castiga[dos] con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”. La Corte Interamericana ha dispuesto que “los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas en relación con la gravedad de los mismos” y que “verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad”.

Desde 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) lleva adelante un examen preliminar sobre los delitos cometidos en Colombia sobre los cuales podría asumir competencia. En 2014, la fiscal de la CPI señaló que había “informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”.

“Es difícil imaginar que un acuerdo en el cual se exime totalmente de prisión a los máximos responsables de atrocidades masivas pueda superar un escrutinio riguroso de la Fiscal de la CPI”, destacó Vivanco.