Esperanza para los menores enjuiciados como adultos en la Florida

hrw1Un subcomité del Senado de Florida votó abrumadoramente el 8 de abril de 2015 a favor de un proyecto de ley que habilitaría a los jueces, en lugar de los fiscales, a determinar cuándo un menor debe ser enjuiciado como un adulto. El Proyecto del Senado (SB) 1082 merece ser votado ante el pleno del Senado y la Cámara de Representantes de Florida ya que reduciría de manera sustancial la cantidad de menores de 18 años procesados en el sistema de justicia penal para adultos.
El proyecto de ley 783 sobre el mismo tema debe ser sopesado por otros dos comités de la Cámara de Representantes antes de poder ser sometido a una votación final. Los comités de la Cámara deberían programar lo antes posible audiencias sobre el proyecto de ley, antes del 21 de abril, porque esa es la fecha límite para que puedan ser incluidas en esta sesión legislativa.

“Presentar cargos contra un menor como si fuera un adulto tiene consecuencias de largo alcance tanto para la sociedad como para la persona implicada”, señaló Natalie Kato, abogada para los estados del sur de EE.UU. de Human Rights Watch. “El subcomité de apropiaciones del Senado ha dado un paso inteligente y humano con esta votación ya que pondría la toma de decisiones en manos de los jueces, no de los fiscales. Todo el Senado y la Cámara de Florida deberían seguir este ejemplo”, añadió.

Bajo la ley de “remisión directa” (direct file) actualmente vigente en Florida, los fiscales disponen de una facultad discrecional casi completa para presentar cargos contra jóvenes de 14 años o mayores como si fueran adultos. Más del 98 por ciento de los juicios contra menores que se procesan en los tribunales para adultos de Florida fueron transferidos ahí por decisión de un fiscal, sin ningún tipo de supervisión judicial. La ley de remisión directa de Florida es una de las leyes más expansivas de este tipo en Estados Unidos, tal como documentó Human Rights Watch en 2014.

La mayor parte de los menores que comparecen en los tribunales para adultos en Florida están acusados por delitos no violentos. En 2012 y 2013, el 60 por ciento de ellos fueron procesados por infracciones no violentas, según datos analizados por Human Rights Watch.

La SB 1082 revisaría la ley actual de la remisión directa de Florida al limitar las ofensas que calificarían para ser transferidas bajo ese estatuto. Además, un juez tendría la oportunidad de revisar los casos transferidos y determinar si un caso en particular debería ser devuelto a un tribunal de menores.

Presentar cargos contra menores como si fueran adultos no solo tiene consecuencias graves (y a menudo de por vida) para los niños implicados, sino que también es contraproductivo para disminuir la reincidencia, señaló Human Rights Watch. Múltiples estudios han mostrado que los menores que han sido enjuiciados como adultos son más propensos a reincidir y cometer delitos más graves, que aquellos que siguen en el sistema de justicia juvenil por los mismos delitos.

Los menores que cometen delitos pueden y deben rendir cuentas, pero el lugar adecuado para hacerlo es el sistema judicial de menores, recomendó Human Rights Watch. La Convención sobre los Derechos del Niño, que EE.UU. ha firmado, establece que el tratamiento que reciben los menores debe tener en cuenta la edad del menor y la importancia de promover su reintegración y que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

El Tribunal Supremo de EE.UU., en una serie de cuatro casos recientes, ha subrayado que los menores tienen un menor grado de madurez intelectual que los adultos, pero a la vez mayores posibilidades de rehabilitación. Su castigo debería tener en cuenta su culpabilidad reducida y su capacidad para cambiar. Es mejor que sea el sistema de menores el encargado de determinar esos castigos, ya que sí toma en cuenta esos factores”, aseguró Human Rights Watch.

“La legislación de Florida debería no dejar escapar esta oportunidad para poner límites a la discreción fiscal para presentar cargos contra un menor como un adulto”, dijo Kato. “Este proyecto de ley es un gran paso hacia la seguridad pública y la justicia, y merece un voto afirmativo de todos los legisladores de Florida”.