Insuficiente respuesta a video sobre tortura en México: HRW

JM-VivancoSi bien el Secretario de la Defensa de México actuó correctamente al ofrecer disculpas por un caso de tortura que fue registrado en un video, el gobierno debería reconocer que estos abusos tienen carácter generalizado y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia, señaló hoy Human Rights Watch.

El 16 de abril de 2016, el Secretario de la Defensa, Gral. Salvador Cienfuegos, en un discurso ante miles de miembros de las Fuerzas Armadas, se disculpó públicamente por los actos de tortura cometidos por soldados contra una mujer en enero de 2015 en el estado de Guerrero. El discurso se pronunció pocos días después de que se hiciera viral en los medios sociales un video donde se ve a policías federales y soldados que colocan varias veces una bolsa de plástico en la cabeza de la mujer y amenazan con matarla.

Si bien el Gral. Cienfuegos pidió a todos los miembros del Ejército que respetaran los derechos humanos, también insistió en que se trató de un incidente “aislado” y que los “malos integrantes” de las fuerzas armadas “empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar”.

“El Secretario de la Defensa hizo lo correcto al ofrecer disculpas por el episodio de tortura, pero restó valor a su mensaje al insistir en que se trató de un incidente aislado cuando en realidad se trata de un problema mucho más amplio”, observó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Los soldados podrían fácilmente interpretar que el verdadero error no fue haber cometido el abuso, sino haber sido grabados mientras lo hacían”.

La tortura representa un problema crónico en México, donde es practicada por miembros de las fuerzas armadas y policías a nivel federal, estatal y municipal. Human Rights Watch ha documentado numerosos casos de tortura en los últimos años, que incluyen golpizas, asfixia con bolsas plásticas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.

El Relator Especial de la ONU sobre la tortura indicó en un informe publicado en marzo de 2015 que la “tortura es generalizada” en México. Concluyó que la tortura se aplica particularmente mientras las víctimas se encuentran detenidas arbitrariamente, y a menudo incomunicadas, en bases militares u otros centros de detención ilegal, antes de ser llevadas ante una autoridad judicial. Según el Relator Especial, todavía hay ocasiones en las cuales los jueces aceptan pruebas que se obtuvieron mediante tortura, a pesar de la prohibición constitucional contra este tipo de pruebas.

En 2014, la Procuraduría General de la República recibió más de 2.400 denuncias de supuestos actos de tortura, lo cual supera en más del doble a las 1.165 correspondientes a 2013. En 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 49 quejas de tortura, mientras que entre 2000 y 2014 se habían planteado un total de 136.

Lo habitual es que los casos de tortura queden impunes. El gobierno ha informado solamente cinco condenas por torturas entre 2005 y 2013, según el Relator Especial de la ONU.

Luego de que se difundiera el informe del Relator Especial, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto denunció públicamente al relator, y ha cuestionado reiteradamente su conclusión de que la tortura es un problema generalizado en México.

En el caso de la mujer que fue torturada en Guerrero, el General Cienfuegos manifestó que los soldados están siendo investigados por la justicia militar en relación con delitos del orden militar, y que la justicia penal ordinaria está investigando los “delitos cometidos contra civiles”. La investigación penal impulsada por la justicia penal ordinaria alcanza además a los policías federales presuntamente implicados en el hecho, según trascendió en medios de noticias. La Procuraduría General de la República ha emitido órdenes de detención contra tres policías federales, dos de los cuales ya han sido detenidos, según la prensa mexicana.

“Si México pretende conseguir avances en la erradicación de la tortura, tendrá que reconocer primero la magnitud del problema”, sostuvo Wilkinson. “Todos los señalamientos de tortura, y no solo aquellos que se reproducen en las redes sociales, deben ser investigados exhaustivamente”.