Oklahoma debe erradicar la atrocidad de las inyecciones letales

hrw1Oklahoma debería erradicar su experimento fallido con la pena de muerte. La noche del 29 de abril de 2014, durante un intento por ejecutar a Clayton Lockett mediante inyección letal, éste pareció recuperar la conciencia. Los testigos describieron cómo Lockett comenzó a balbucear y dijo en voz alta “hombre” y “algo anda mal”, luego trató de levantar la cabeza y por último empezó a sufrir convulsiones. Lockett murió de un ataque al corazón 40 minutos después del comienzo de la ejecución.

“Las personas declaradas culpables de delitos no deberían ser utilizadas como blanco para los macabros experimentos de un estado”, dijo Antonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre EE.UU. Para Human Rights Watch. “La ejecución fallida de esa anoche fue nada menos que un caso de tortura autorizada por el Estado”.

Lockett, de 38 años, había sido declarado culpable de matar a Stephanie Neiman en 1999.

Oklahoma usó un protocolo de tres fármacos: el primer medicamento administrado fue midazolam, para causar la inconsciencia. Se suponía que el segundo fármaco, bromuro de vecuronio, debía detener la respiración, y el tercero, cloruro de potasio, el corazón. El primer fármaco debía actuar como un sedante y eliminar el dolor causado por los dos últimos. Pero al parecer, no fue administrado correctamente.

Según el Departamento de Correcciones de Oklahoma, el cóctel de tres medicamentos no se había probado nunca antes en el estado y el tiempo promedio para que un preso fuese declarado muerto tras recibir una inyección letal en el pasado había sido de 6 a 12 minutos.

A medida que los fármacos utilizados en las inyecciones letales son cada vez más difíciles de conseguir, la identidad de sus proveedores es mantenida en secreto. La ley de Oklahoma prohíbe la divulgación de la fuente de estos fármacos. Un tribunal de Oklahoma dictaminó que esta ley violaba la protección constitucional contra el castigo cruel e inusual, pero el Tribunal Supremo del Estado en última instancia se pronunció en desacuerdo y dio su visto bueno a la ejecución de Lockett.

Se suponía que después de la ejecución de Lockett se llevaría a cabo otra durante la misma noche, pero después de la muerte de Lockett, la gobernadora Mary Fallin dictó una suspensión de 14 días, para esa segunda ejecución, a fin de que el estado pueda revisar sus procedimientos de ejecución.

Dieciocho estados y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte en Estados Unidos. Lockett es la vigésima persona ejecutada en EE.UU. en 2014. Estas ejecuciones se han llevado a cabo en cinco estados: Texas, Florida, Missouri, Oklahoma y Ohio. El año pasado fueron ejecutados 39 presos en EE.UU.

Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todos los casos debido a que la dignidad inherente de la persona no es compatible con la pena de muerte y representa una forma de castigo única por su crueldad e irreversibilidad. Es una sanción que está inevitable y universalmente plagado de arbitrariedades, prejuicios y errores. La pena de muerte es ampliamente rechazada por democracias que respetan los derechos humanos en todo el mundo, incluyendo los 47 países miembros del Consejo de Europa.

Lockett es el recluso más reciente que ha sido blanco de prueba para los estados de los nuevos protocolos de administración de la inyección letal. En enero, Ohio ejecutó a un hombre usando un cóctel sin probar. Durante la ejecución, el recluso luchó y emitió resoplidos y sonidos de ahogo durante 10 minutos. En otra ejecución ese mes en Oklahoma, en la que se usó un protocolo de fármacos diferente, el preso dijo antes de morir: “siento cómo me arde todo el cuerpo”.

“Estos hombres están testificando según mueren”, dijo Ginatta. “Los estados deben dejar de experimentar y tratar de encontrar una manera indolora o humana de matar a presos porque no existe ninguna”.