RSF y Propuesta Cívica hacen un balance de las agresiones a la prensa en México en el contexto electoral

México se prepara para vivir uno de los procesos electorales más importantes de su historia reciente. El 1 de julio de 2018 los ciudadanos votarán para elegir a quienes ocuparán 3.406 puestos públicos: Presidente de la República, senadores, diputados federales y gobernadores de 9 de los 32 estados del país. RSF y la organización Propuesta Cívica (socia de RSF en México), han creado una plataforma de vigilancia para registrar las agresiones a periodistas y a medios de comunicación en el contexto electoral*. El proyecto, llamado Alerta Prensa (#AlertaPrensa), analiza la situación en cada región, así como el tipo de agresiones*.

Un total de 45 periodistas han sido víctimas de agresiones en los primeros cinco meses del año, 16 de ellos mujeres periodistas, y 4 medios de comunicación han sido atacados. Cifras alarmantes que muestran hasta qué punto se ha vuelto un riesgo la cobertura periodística de los procesos electorales en un país gangrenado por la violencia y marcado por los asesinatos en serie de periodistas: 11 perdieron la vida en 2017 y en lo que va de 2018 ya se han registrado 5 asesinatos. Los políticos también son víctimas de esta violencia: de septiembre de 2017 al cierre de este balance, al menos 112 candidatos y precandidatos han sido asesinados en México.

*Un caso de agresión puede concernir a varios periodistas. Los tipos de ataques registrados por el proyecto incluyen: amenazas verbales, escritas o en línea; actos de violencia física; campañas de difamación o de desprestigio, a través de la prensa o de las redes sociales; acoso judicial. La información detallada de estas agresiones, mes a mes, puede consultarse en el sitio web del proyecto, que se desarrolla de enero a septiembre de 2018.

A medida que las elecciones se acercan, el número de agresiones se incrementa, observa Propuesta Cívica, que ya había realizado este trabajo de observación durante el proceso electoral de 2012.

“RSF hace un llamamiento urgente a los políticos y a las autoridades –tanto federales como locales– para que prevengan situaciones de mayor riesgo y a fortalezcan o creen dispositivos de protección adecuados para las y los periodistas que cubren el proceso electoral ”, afirma Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Los medios mexicanos, en su conjunto, también deben hacerse cargo del problema y establecer medidas preventivas específicas para proteger a los reporteros y reporteras que realizan este tipo de trabajo”, añade.

“Las autoridades mexicanas deben hacer que se respete el trabajo de estos reporteros, la importancia de su labor durante este proceso democrático es de sobra conocida por todos”, agrega Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica .

La Ciudad de México (CDMX), Puebla y Morelos son los estados donde han ocurrido más agresiones, si bien estas regiones no se encuentran entre las más violentas para la prensa en el país.

En otras regiones de México afectadas por la violencia del crimen organizado, como los estados de Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, también ocurren este tipo de agresiones, pero en estas zonas los periodistas –que a menudo se ven obligados autocensurarse– no denuncian estas situaciones por temor a represalias, lo que ha generado la existencia de zonas grises donde ya no circula la información.

Este balance preliminar es muy preocupante. El constante aumento de las agresiones ante la cercanía de los comicios, el perfil de los periodistas víctimas de estos actos, la falta de dispositivos de protección eficaces para quienes realizan este tipo de cobertura periodística, nutren un clima de desconfianza e inseguridad insostenible para los periodistas mexicanos, que de por sí se enfrentan a un grado de violencia sin precedentes en Occidente.

En todos los casos registrados por el proyecto Alerta Prensa, los reporteros enviados a cubrir el proceso electoral y a desplazarse con los equipos de campaña –en ocasiones a regiones peligrosas– no contaban con medidas de seguridad específicas ni han recibido capacitación para realizar este tipo de trabajo para saber qué jacer en caso de agresión o ataque, o saber a quién pedir ayuda.